Sube la tensión por los dólares de las exportaciones: hay señales de que en el Gobierno avanza la «mano dura» contra el campo
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Los productores, pesimistas sobre acuerdos de precios. Y creen que se los culpará por la inflación. El mercado de futuros marca un mal clima político
Hay una pregunta fundamental que sobrevuela por estos días entre los productores agrícolas y los fabricantes de alimentos: ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar el Gobierno con las medidas intervencionistas en la cadena comercial?
Por ahora las medidas son contradictorias: amagues de medidas duras, como con el maíz, para luego negociar un semi-cierre consensuado. O intentos de acuerdo para garantizar precios populares, como con la carne, pero bajo la amenaza de que, si no sale bien, puede haber medidas drásticas que afecten la exportación. También negociaciones para imponer precios máximos al mercado doméstico en productos usados como insumos de la industria alimenticia, como girasol y trigo.
Lo cierto es que los productores consideran que con las retenciones y otras medidas ya existentes los precios locales están lo suficientemente «desacoplados» de los internacionales, pero que ese, en el fondo, no será el argumento de mayor peso.
En definitiva, todo estará ligado a la inflación y a cómo evolucionen los niveles de consumo. Y en esos rubros, los pronósticos son negativos, con una mayoría de consultoras apuntando a que el 4% registrado en diciembre será la norma y no la excepción.
Además, hay que renovar el programa precios cuidados, lo que implica una nueva ronda de disputas entre integrantes de la cadena comercial. Como ocurrió con los molineros, que se quejan de que mientras sus costos subieron un 60%, al ritmo del precio internacional, a ellos sólo se les permitió remarcar la harina un 9%, comprometiendo la rentabilidad del negocio.
Lo que es seguro es que ningún funcionario del Gobierno estará dispuesto a autorizar una suba del pan del 17%, como pide la cadena de panaderos.
Es por eso que entre los empresarios hay resignación a que la intervención sólo tiene un camino posible: la intensificación. Como ejemplo de ello, en una reciente conferencia entre empresarios agropecuarios, el consultor Salvador Di Stefano aconsejó seguir más de cerca las recomendaciones que emergen desde el kirchnerismo duro, como el Instituto Patria.
Y se refirió en particular a las sugerencias de ex funcionarios kirchneristas hoy en segundo plano, como Roberto Feletti, que fue viceministro de economía acompañando a Axel Kicillof.
Feletti, en sus columnas de opinión, machaca con la explicación de que la inflación está provocada por «los monopolios formadores de precios que lesionan los ingresos populares, complicando la demanda». Y deja entrever cierta insatisfacción con la vocación dialoguista del ministro Martín Guzmán, que en una reunión con empresarios en Entre Ríos apeló a la buena voluntad para que se pueda, simultáneamente, permitir la exportación de carne a precio global y, además, haya abastecimiento asegurado en el mercado interno.
Pero Feletti adelanta su opinión escéptica. Cree que con el contexto global que empujará al alza los precios agrícolas, habrá una situación desigual en la que los empresarios se quedarán con «riquezas extraordinarias derivadas de los recursos naturales del país que todos y todas con nuestro esfuerzo contribuimos a defender».
Y recuerda que el objetivo de defender al mercado interno por la vía de medidas consensuadas en ámbitos como el del maíz, «, todavía no han evidenciado resultados concretos palpables, pero reflejan el sendero que, por ahora, el Gobierno ha decidido recorrer».
En definitiva, no oculta que preferiría «medidas regulatorias directas como la suba de los derechos de exportación o la intervención estatal directa en el proceso de comercialización».
También reflota uno de los conceptos preferidos de Cristina Kirchner, el de la «industrialización de la ruralidad», al señalar: «La coexistencia de un modelo agroindustrial exportador con un consumo interno robusto es viable si los acuerdos alcanzados explicitan claramente los conceptos de «saldos exportables» e «industrialización de la renta primaria agropecuaria».
Roberto Feletti, ex viceministro y referente del «kirchnerismo duro» pide medidas más drásticas en el campo
El «ala dura» pide el fin del dialoguismo
En definitiva, lo que en el Gobierno se está discutiendo es qué hacer para que no falten las divisas necesarias para encarar las elecciones con relativas chances de éxito. Y ahí surgen incentivos contradictorios para el mismo gobierno.
El boom de la soja es una bendición y podría dejar hasta un 30% más de las divisas que las que aportó en 2020. De hecho, según el cálculo de Daniel Nasini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, todo el complejo agrícola podría aportar unos u$s35.000 millones de dólares.
De manera que, en lo que respecta a la soja, la preocupación del Gobierno es que la exportación fluya y no ocurran los clásicos «canutos» de productores que guardan su cosecha en silobolsas con ánimo especulativo. De hecho, en las charlas entre expertos del sector ya se habla de los ataques intencionales a silobolsas como método intimidante.
Diferente es la situación con la exportación de bienes que sí se consumen en el país, como maíz, trigo y carne, en las que todo apunta a que habrá incrementos en la intervención estatal, con precios máximos.
Lo cierto es que preocupa la tendencia que está tomando la balanza comercial, el único instrumento por el cual pueden entrar las divisas en un país con crédito vedado. Y hay dos motivos de peso para que el saldo comercial vaya disminuyendo, uno es positivo y otro negativo.
El positivo: la recuperación de la economía: según el consenso de los economistas, por cada punto del PBI que crezca la economía, se necesita que las importaciones crezcan tres puntos, dado que la actividad es altamente dependiente de la importación de insumos, partes y bienes de capital. El típico fenómeno que los economistas afines al Gobierno llaman «la restricción cambiaria» y con el cual justifican el cepo.
Y ahí está, precisamente, el motivo negativo por el cual el saldo comercial va en baja: el cepo hace que crezca la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo. En otras palabras, que el exportador tenga un desincentivo para vender -porque tiene la expectativa de que pueda haber una corrección devaluatoria-, mientras que el importador tiene el incentivo opuesto y trata de comprar todo lo que pueda.
Al principio de 2020, ese fenómeno era apenas un efecto contable -los importadores se apuraban a pagar compras que tenían comprometidas para el futuro-. Pero luego se transformó en un problema real: las importaciones empezaron a crecer en términos reales, mientras los exportadores empezaron a especular con una posible mejora en el tipo de cambio y fueron soltando su producto en pequeñas dosis. Un clásico argentino.
De hecho, están volviendo en los despachos oficiales las sospechas sobre maniobras de triangulación por parte de los productores agrícolas. Se mira con lupa las operaciones de importaciones temporarias de soja desde Paraguay, que se usa para su procesamiento en la industria aceitera. Pero, al mismo tiempo, se denuncia el envío clandestino de soja argentina hacia países vecinos, desde donde es exportada sin pagar retenciones.
Desde hace tiempo -ya cuando la crisis política del caso Vicentin- que en el ala dura del Gobierno están reclamando mayores controles y mecanismos de intervención directa tendiente a controlar los flujos del comercio agrícola.
Entre los funcionarios el tema se comenta con discreción. En cambio, las figuras políticas de mayor presencia mediática no tiene tantos pruritos. Como Juan Grabois, que esbozó esta crítica interna: «Si no se puede sostener una tibia medida de regulación del comercio exterior, hay que entregarle la llave del ministerio a Etchevehere y que gobiernen los estancieros. Por el contrario, se debería controlar el alevoso contrabando de granos».
Mientras que Roberto Navarro, otro de los influyentes del mundo K, abogó por una drástica suba de las retenciones a las exportaciones agrícolas, por ejemplo del trigo y maíz, para que pasen al tope legal del 15%.
Pero advierte que «si los commoditties siguen subiendo durante el año, la suba del 3 por ciento en las retenciones no será suficiente. Para elevarlas más el Gobierno debe pasar por el Congreso. El miedo a otra 125 juega y no es infundado». Para la interna, es una alusión a la derrota política sufrida por el kirchnerismo en 2008 cuando el histórico conflicto con los sojeros.
Productores resignados y a la defensiva
Lo cierto es que entre los exportadores ya están resignados a que las medidas intervencionistas irán en incremento. Si hasta los más moderados, como el ministro Martín Guzmán, empezaron a hacer amenazas veladas, del tipo: «Quisiéramos no tener que recurrir a la política impositiva pero por supuesto que el gobierno cuenta con los instrumentos para implementar las políticas que terminen siendo necesarias para asegurar que el shock sea progresivo».
Pero hay otros indicadores más objetivos para fundamentar el temor. Por ejemplo, que a pesar del boom de los precios agrícolas en el mercado de Chicago, las perspectivas para las ganancias de los productores argentinos vienen en baja.
Por caso, en el mercado de futuros argentino, la soja hoy vale lo mismo que en noviembre, mientras que el maíz está apenas encima que el precio de diciembre y el trigo en un valor similar al de septiembre.
A pesar de que el mercado global marca un boom agrícola, en el mercado de futuros de Argentina no hay buenas perspectivas para los productores, debido al factor político
Para los analistas agropecuarios como Di Stefano, esto sólo puede tener una interpretación: por más que las pantallas de Chicago muestren un boom, nadie está dispuesto a pagarle más dinero al productor argentino, por el factor político.
«Hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a hacer esta gente, y lo más probable es que tengamos 200 reuniones y nos terminen poniendo retenciones igual». Es por eso que la consigna del momento en el campo es tomar medidas defensivas. Que, contrariamente a lo que piensa el Gobierno, no necesariamente implica retener el producto, sino en muchos casos apurar la venta.
Por su parte, el analista de mercado agrícola Carlos Etchepare destaca otro dato: el Gobierno había asegurado que se podía exportar hasta 38 millones de toneladas de maíz sin inconveniente, pero generaron un cierre cuando la cuenta recién llevaba 38.
Y advirtió que entre las medidas defensivas que pueden tomar los empresarios agrícolas puede incluirse la de un acuerdo de precios con un tope acordado entre los propios productores. Recordó que el año pasado, ante el rumor de un cierre exportador, los miembros de la cadena llegaron a un acuerdo para que se produjera un acuerdo de precios y así evitar la intervención.
Pero hay dudas sobre si este año, en el que las tensiones intrasectoriales están más fuertes, existirá esa posibilidad. En otras palabras, las probabilidades de que vuelvan con fuerza las pulsiones intervencionistas del Gobierno están en alza.
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