Funcionarios de EEUU visitaron Guatemala para discutir temas de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia
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La comitiva estadounidense está encabezada por Philip Gordon, asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta, Kamala Harris
Una delegación de funcionarios de Estados Unidos llegó este lunes a Guatemala para discutir temas de gobernabilidad y fortalecimiento de la democracia, en medio de una crisis por intervenciones judiciales a los resultados de las elecciones celebradas este año.
La comitiva estadounidense está encabezada por Philip Gordon, asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta, Kamala Harris, según informó el Gobierno estadounidense por medio de un comunicado.
Durante su visita, Gordon se reunirá con autoridades gubernamentales de Guatemala, así como con líderes de sociedad civil y sector privado para “abordar la cooperación bilateral y la importancia de fortalecer la democracia y el Estado de derecho”, indicó la misma fuente.
En la delegación de Estados Unidos también se encuentra la administradora adjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Isobel Coleman, para discutir las causas estructurales de la migración.
La visita se da en medio de un proceso de transición de poder sin precedentes en Guatemala, debido a los reiterados intentos del Ministerio Público (Fiscalía) por revertir la victoria del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.
Desde el 1 de septiembre, Arévalo de León ha denunciado públicamente que la Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras Argueta, dirige un intento “de golpe de Estado” para evitar que tome posesión el próximo 14 de enero.
El Gobierno de Estados Unidos ha condenado el actuar de la Fiscalía y ha sancionado a la mayoría de integrantes de su cúpula y a fiscales que han dirigido operativos contra las elecciones celebradas el pasado 25 de junio y 20 de agosto.
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Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/WILL OLIVERPiden retirar la inmunidad de dos diputados del partido de Arévalo
La Fiscalía de Guatemala solicitó este miércoles el retiro de inmunidad de los diputados Aldo Dávila, del partido WINAQ, y Román Wilfredo Castellanos, del Movimiento Semilla, por la toma de la Universidad de San Carlos, una acción de protesta en contra del proceso de elección de un nuevo rector de la institución estatal.
El Ministerio Público indicó en un comunicado que ambos cometieron posibles delitos de “usurpación agravada, depredación de bienes culturales y sedición, todos en forma continuada”, así como “tráfico de influencias y asociación ilícita”.
La toma de la universidad fue una protesta iniciada en abril de 2022 contra el rector Walter Mazariegos por haber sido designado en el cargo a través de un proceso fraudulento, según denunciaron entonces varias asociaciones estudiantiles.
Las manifestaciones, a las que acudieron estudiantes, miembros de organizaciones civiles y políticos, se intensificaron en junio de este año cuando las instalaciones del campus fueron entregadas a las autoridades guatemaltecas, si bien en aquel entonces no acudió representación oficial para el traspaso y el proceso se realizó a través de un notario.
El antejuicio también afecta a los diputados Carlos Barreda, de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS); Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, así como al diputado electo Raúl Barrera, de la misma formación, y a Adán Pérez, de WINAQ, según informó el diario La Prensa.
La Fiscalía ha emprendido distintas acciones para inhabilitar los resultados de los comicios o ilegalizar a la formación política, aludiendo así a la toma de la universidad y a la financiación de Semilla, entre otras.
De hecho, la Policía Nacional, por orden del Ministerio Público, ha llevado a cabo numerosos registros contra viviendas de simpatizantes y afiliados de Semilla como parte de su investigación contra la formación por un presunto delito de lavado de dinero.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por concluido el proceso electoral a finales de octubre, haciendo oficial así los resultados de las elecciones de agosto en las que resultó vencedor Arévalo, quien tomará posesión como presidente el próximo 14 de enero.
Según la Fiscalía, el partido político habría cometido un delito de lavado de dinero u otros activos, puesto que pagó alrededor de 175.000 quetzales guatemaltecos (alrededor de 22.300 dólares) por las firmas recolectadas que necesitaba para constituirse.
