Alberto envía señales al campo pero no logra frenar la protesta y hay aliados que critican su «error de cálculo»
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Se prevé una jornada multitudinaria: el enojo excede al cierre exportador de la carne y se extiende a medidas y frases agresivas para con la clase media
El nerviosismo del Gobierno ante la jornada de protesta del 9 de julio, que tendrá como protagonistas a los productores rurales, quedó en evidencia en las últimas horas, cuando funcionarios dejaron trascender la voluntad de revisar o, al menos flexibilizar, el tope a la exportación de carne.
No es una estrategia que no haya intentado antes Alberto Fernández al comprobar que una medida genera un efecto de irritación. Ya había ocurrido el año pasado en el caso Vicentin, cuando en la víspera de un «banderazo» de protesta, al constatar su error de cálculo y la pérdida de apoyo por parte de sus socios políticos del interior, anunció que desistiría en su intención de estatizar la empresa.
Aquella medida no logró restarle impacto a la jornada de protesta, pero al menos el Presidente pudo evitar que la crisis escalara hasta transformarse en un motivo de grieta nacional. Y una sensación parecida está recorriendo los despachos oficiales por estas horas: los organizadores de la protesta que tendrá su epicentro en la ciudad bonaerense de San Nicolás trazaron un paralelo entre la situación actual y el recordado conflicto por la resolución 125.
Es por eso que, con la intención de descomprimir tensiones, el Gobierno hizo saber que reabrirá la exportación para las denominadas «vacas conserva», que son exportadas a China y no tienen demanda en el mercado local. La medida es un reconocimiento tácito a un error cometido por los funcionarios, que ha sido señalado con insistencia por parte de los dirigentes rurales.
Pero, más allá de las señales que se envíen desde Buenos Aires, el clima de malestar ya está instalado. Se espera que la jornada sea multitudinaria, luego de que las principales agremiaciones rurales, como la Federación Agraria y la CRA adhirieran a la convocatoria.
Hasta hace una semana, los medios afines al oficialismo ponían énfasis en que la protesta era liderada por los sectores «ultra» como el de Luis Miguel Etchevehere, quien fuera ministro de Ganadería durante la gestión de Mauricio Macri.
El peronismo del interior da la razón en voz baja
Pero en los últimos días quedó en evidencia que el Gobierno, igual que en casos como el de Vicentin y en el cierre de la exportación de maíz en el verano, cometió un error de cálculo.
Y quienes se lo hicieron saber en primer lugar fueron los propios gobernadores provinciales. Algunos de manera explícita, como el santafecino Omar Perotti, que desde el primer día planteó que «cerrar exportaciones no es la solución». Pero otros también lo han hecho de manera más discreta.
Dirigentes y productores afirman que, en las reuniones privadas, incluso gobernadores alineados con el kirchnerismo, como el chaqueño Jorge Capitanich y el santiagueño Gerardo Zamora, admiten que el cierre exportador es un error.
En un zoom para productores rurales, el vicepresidente de CRA, Gabriel de Raedemaeker, comentó que en los últimos días hubo reuniones con gobernadores de la región norte, así como con ministros de ganadería de provincias del centro del país, como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y que, para su sorpresa, encontró una coincidencia con el punto de vista de las agremiaciones.
«Hemos encontrado planteos muy cercanos a nuestra visión, hablando el mismo idioma y con el mismo panorama sobre lo que hay que hacer. Y hemos llegado a tener confesiones sorprendentes de gobernadores muy alineados al gobierno, en el sentido de que hay una cuestión más ideológica que económica atrás de estas decisiones», afirmó el dirigente.
Agregó que la impresión que dejan en esas reuniones los funcionarios, incluyendo algunos del Gobierno nacional, es que comprenden los perjuicios de medidas como el cierre exportador pero que carecen de capacidad política como para dar marcha atrás con medidas que fueron decididas en ámbitos superiores.
En definitiva, la sensación de los dirigentes rurales es que el Gobierno, como en tantas medidas pasadas y actuales -la estatización de la hidrovía es otro ejemplo claro- está en plena disputa interna entre los sectores moderados y los más radicalizados, cercanos a Cristina Kirchner.
Un productor comentó al respecto que, en un encuentro con funcionarios, se contó la reacción de desazón de Alberto Fernández al comprobar los primeros resultados del cierre exportador -suspensiones de personal en frigoríficos, caída en la rentabilidad de criadores y suba de precios en las carnicerías-.
«Esto no es lo que yo quería», afirmó el Presidente, según la versión que contaron los productores. Y Fernández ya sintió en carne propia el malhumor provocado por las medidas, por ejemplo cuando debió suspender una visita a Pergamino porque lo estaba esperando un piquete de productores enojados.
Las medidas en el sector de la carne generaron un malestar que es compartido por los gobernadores peronistas de las provincias productoras
Lo cierto es que el Gobierno llega a una nueva instancia de pelea con el campo. Y, aunque los organizadores se han preocupado de dejar en claro que se trata de un evento no partidario, quedó en claro que la oposición sacará provecho. Por lo pronto, hay dirigentes que ya han manifestado explícitamente su adhesión y voluntad de concurrir a algunos de los puntos de reunión para la jornada de protesta.
Pero, más allá de la preocupación por el paso en falso, la idea que empieza a hacerse evidente en el peronismo es que puede haber un alto costo político en enfrentare a la clase media rural. Ese sector social es formador de opinión en esas provincias y ha demostrado que, cuando siente amenazado su estilo de vida, tiene una capacidad de convocatoria y movilización importante.
La dirigencia peronista del interior, que además de tener las encuestas en la mano conoce el territorio, sabe que las protestas exceden a un grupo reducido de terratenientes codiciosos que no quieren compartir su bonanza, como se lo quiere hacer aparecer en la comunicación política kirchnerista.
«Hoy la gente nos conoce más. Ya saben que ese discurso agresivo y esos estereotipos de oligarquía vacuna no son reales. Los ganaderos no somos los Roemmers, que hacen fiestas en Argelia, no conozco que tengan nivel de vida así», afirmaba Javier Azpiroz, productor correntino, en un zoom previo a la jornada de protesta.
Y lo cierto es que, en plena campaña electoral, el peronismo que «juega de local» tiene, como ocupación fundamental, tomar distancia del kirchnerismo, con el cual ha desistido de cualquier tipo de alianza en las provincias productoras por excelencia, como Córdoba y Santa Fe, que por otra parte concentran un 20% del padrón electoral.
Varados, obras sociales y palos a la clase media
Un dato político a tener en cuenta es que, si bien la convocatoria formal a la jornada de protesta es en el interior, y motivada en los conflictos por la política agrícola, también en Buenos Aires y las grandes ciudades, habrá actos de protesta.
Como ha sido la tónica desde que iniciaron los «banderazos» el año pasado, la motivación para el repudio al Gobierno es un variado cóctel de consignas que incluye el rechazo a la cuarentena estricta, el reclamo por vacunas, la polémica por la apertura de clases y la denuncia sobre el intento kirchnerista de copar el poder judicial.
Lo cierto es que el renovado conflicto con el campo ocurre en el marco de una estrategia del kirchnerismo por tomar distancia de la clase media, una estrategia que ya le ha dado malas consecuencias en el pasado.
La crisis por los turistas varados en el exterior es su expresión más evidente. Pero los analistas tienen dudas sobre que este tipo de medidas puedan traer réditos políticos. Todos los días se conocen historias dramáticas de familias separadas o personas con problemas de salud libradas a su suerte en el exterior.
Una admisión tácita de cómo ese tema preocupa al Gobierno fue el anuncio sobre permisos para el regreso anticipado de «casos especiales». Y deja en evidencia que los testimonios en primera persona, en el «prime time» televisivo, son más elocuentes que cualquier crítica de un político opositor y desarman los argumentos sobre un grupo social que viaja por «desprecio al país».
La crisis de los turistas varados exacerbó la tensión con la clase media, que adherirá a la protesta del campo
Ya en clima de campaña, las recientes declaraciones del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y del jefe de gabinete bonaerense, Carlos Blanco, que levantaron polvareda en las redes sociales, dejan en claro una táctica electoral: la de señalar que hay un grupo social que permanentemente expresa su odio al país y «milita el exilio».
Según el politólogo Marcos Novaro, del Centro de Investigaciones Políticas, la estrategia apuesta a la polarización social: «El resentimiento es lógicamente una cantera de potentes recursos políticos cuando todos nos sentimos frustrados, y no sabemos muy bien a quién echarle la culpa de la situación», afirma.
Su argumento es que la decisión sobre limitar la cantidad de turistas que pueden regresar al país se inscribe en ese discurso en el cual los culpables de la crisis son «los ricos, los porteños, los empresarios y las democracias pluralistas y desarrolladas, los que quieren las escuelas abiertas y en general todos los que molestan con sus críticas, o su mera existencia».
Pero advierte sobre los riesgos de que esa apuesta dé los resultados esperados y que la población perciba que «el giro autocrático» del Gobierno produjo daños a las libertades y la economía.
Algo de eso se está viendo en estas horas: las comunicaciones triunfalistas del Gobierno centradas en la campaña vacunatoria no están dando los resultados esperados. Para empezar, las encuestas marcan que la vacuna no será, como se creía al principio, el argumento que incline el voto hacia el oficialismo. Más bien al contrario, las estadísticas difundidas en las últimas horas muestran que Argentina está lejos -con una diferencia de 30%- de países como Chile y Uruguay que completaron las dos dosis y lograron la inmunidad para más de la mitad de la población.
Esta polémica, para colmo, se da cuando se reabre el debate por el sistema de salud con otra medida que cayó mal en la clase media: la restricción a la posibilidad de elegir obra social, una decisión que es unánimemente interpretada como una concesión a los sindicatos, en el marco de una alianza política.
Con semejante acumulación de enojo, resulta inevitable que este nuevo feriado haga las veces de catarsis para un sector de la población que es formador de opinión, tanto en el interior rural como en las grandes ciudades. Y parece tarde para que los anuncios de medidas paliativas para el campo puedan descomprimir una tensión que el propio Gobierno generó como parte de una estrategia política.
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