Senadores radicales impulsan un proyecto de “ley espejo” del megadecreto de Milei
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Los legisladores, encabezados por Carolina Losada, pretenden darle herramientas al Gobierno para evitar el rechazo parlamentario del DNU; también impulsan una modificación de la ley de tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia
Un grupo de cinco senadores radicales presentó un proyecto de ley que replica en su totalidad el DNU emitido por el gobierno de Javier Milei, como una forma de darle al Gobierno una herramienta institucional que permita sacarlo del atolladero político en el que quedó entrampado el instrumento, cuya constitucionalidad es rechazada por amplios sectores del espectro político con representación parlamentaria.
Junto con el “proyecto de ley espejo”, los legisladores también presentaron una iniciativa para modificar la denominada ley de trámite legislativo. Se trata de la norma que rige el tratamiento parlamentario de los decretos de necesidad y urgencia. El texto obliga a la aprobación de un DNU por ambas cámaras, por lo que elimina la sanción ficta, y elimina la obligación de aprobar o rechazar en su totalidad el instrumento, al permitir que puedan aprobarse partes de un DNU.
Por el momento, ninguno de los dos proyectos podría ser discutido por el Congreso, ya que se encuentra en período de sesiones extraordinarias y sólo puede tratar las iniciativas solicitadas por el Poder Ejecutivo.
Las iniciativas fueron presentadas por Carolina Losada (Santa Fe) y cuenta con el acompañamiento de los también senadores radicales Edith Terenzi (Chubut), Maximiliano Abad (Buenos Aires), Mercedes Valenzuela (Corrientes) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).
“Que se entienda que esto no es en contra del Gobierno sino que la idea es darle institucionalidad a un DNU que tiene partes que rozan lo inconstitucional y, por lo tanto, podrían terminar con su derogación o rechazo en el Congreso”, explicó Losada en diálogo con LA NACION, quien dijo que le pedirá al Poder Ejecutivo que incluya los textos en el temario de sesiones extraordinarias.
Uno de los proyectos replica en su totalidad el DNU 70/23 de desregulación de la economía que dictó Javier Milei el miércoles de la semana y que derogó y modificó más de 300 leyes. El texto recién entrará en vigencia el próximo viernes y el Poder Ejecutivo tiene plazo hasta el 5 de enero para enviarlo al Congreso para su tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.
El pedido al Poder Ejecutivo de una “ley espejo” del decreto de necesidad y urgencia fue sugerido por el senador y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, y se tradujo en un pronunciamiento oficial del centenario partido.
Bajo el título de “Ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática”, la conducción nacional de la UCR sostiene que el decreto tiene “cuestiones positivas”, pero “también otras preocupantes” y advierte que el instrumento usado por el Gobierno puede terminar en planteos de inconstitucionalidad. “El Poder Ejecutivo está a tiempo de enmendar su error enviando un proyecto de ley espejo que pueda debatirse en el Congreso de la Nación, recuperando así el camino de la normalidad, la construcción de confianza política, los consensos y el diálogo parlamentario”, agrega el pronunciamiento.
Con esta premisa en mente es que Losada impulsó la presentación del DNU en forma de proyecto de ley. “Es una herramienta y un instrumento para que puedan llevar adelante su plan de gobierno sin incertidumbre y dentro de los marcos constitucionales”, explicó la senadora.
Cambio en el trámite de los DNU
El otro proyecto modifica la ley 26.122 de trámite legislativo, eliminando la denominada sanción ficta establecida por la norma, que fue redactada por Cristina Kirchner cuando era senadora en el gobierno de Néstor Kirchner. Según este mecanismo, para que un DNU sea rechazado debe ser repudiado por ambas cámaras legislativas. Mientras esto no ocurra, sus disposiciones mantendrán vigencia con fuerza de ley.
Así, el texto impulsado por los senadores radicales sostiene que la aprobación de un DNU requerirá la aprobación explícita de ambas cámaras legislativas. En ese sentido, establece que una vez comunicado que la comisión bicameral emita su dictamen, el Congreso tendrá seis meses para discutirlo en sus recintos. De no hacerlo, el instrumento “quedará automáticamente sin vigencia”.
Además, habilita la posibilidad de que los decretos puedan ser aprobados de manera parcial. En la actualidad, el análisis legislativo tiene que hacerse sobre la totalidad de la constitucionalidad del decreto, por lo que puede aprobarlo o rechazarlo en su totalidad.
“Las cámaras tendrán la posibilidad de aprobarlos o rechazarlos en forma total o parcial, aunque no están habilitadas para efectuar modificaciones al texto enviado por el Poder Ejecutivo. La aceptación o rechazo parcial del texto, no serán considerados como modificaciones”, sostiene el proyecto.
