Milei busca obtener amplias facultades para gobernar en una Argentina en «emergencia»
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Buenos Aires, 27 dic (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, busca obtener amplias facultades para gobernar mediante un proyecto de ley remitido este miércoles al Parlamento y que, de aprobarse, le permitirá tomar decisiones sin necesidad de aval legislativo bajo el paraguas de una declaración de «emergencia pública» que podría extenderse hasta el final de su mandato.
El denominado proyecto de ley de «bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei, quien asumió la Presidencia el pasado 10 de diciembre.
La iniciativa implica la delegación de funciones legislativas al Ejecutivo en virtud de la declaración de «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social».
La Constitución Nacional de Argentina, reformada por última vez en 1994, prohíbe en su artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, «salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».
El derrotero de este proyecto de ley en el Parlamento es incierto: la formación de ultraderecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene una mínima representación legislativa, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio, con fuerte peso en ambas cámaras del Congreso.
El Ejecutivo alega que promueve esta ley «con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853», «en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos».
Como «principios y propósitos» de la ley se colocan «la promoción del derecho fundamental a la libertad individual» sin «injerencias indebidas» por parte del Estado, la «protección de los habitantes y de su propiedad privada» y la «profundización de la libertad de mercados».
En el mensaje de envío de la iniciativa al Parlamento, firmado por Milei y su Gabinete de ministros, el Gobierno afirma que su objetivo es «emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la nación».
El proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral para eliminar las primarias, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas -entre ellas, Aerolíneas Argentina, el Banco Nación y la petrolera YPF-, reestructurar la deuda pública o autorizar ejercicios miliares de fuerzas extranjeras en el territorio argentino.
También en el marco de la «emergencia», el proyecto garantiza la legítima defensa a las víctimas de un delito y la libertad para revender sin límites boletos para espectáculos deportivos, permite la circulación de vehículos autodirigidos (sin intervención humana) y que un viajero ingrese un producto al país sin declararlo en la aduana.
La iniciativa también incorpora un artículo por el que se ratifica el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, incluyendo la derogación de varias leyes, una medida que ha desatado protestas y es objeto de presentaciones ante la Justicia.
Milei, un economista libertario que se ha definido como «anarcocapitalista», ya puso en marcha un plan de «shock» de duro ajuste fiscal, que incluyen un drástico recorte de gastos y aumento de impuestos, en un contexto de estancamiento de la actividad económica, inflación en fuerte aceleración y una tasa de pobreza cercana al 45 % de la población.
Buenos Aires, 27 dic (EFE).- Los parlamentarios del frente opositor peronista Unión por la Patria rechazaron el proyecto de ley remitido este miércoles al Congreso por el Gobierno de Argentina para declarar la «emergencia pública» y otorgar facultades extraordinarias al presidente del país, Javier Milei.
En un comunicado, los diputados y senadores peronistas expresaron que la iniciativa impulsada por el nuevo Gobierno «ratifica la pretensión del presidente de contar con poderes y facultades extraordinarias, que son absolutamente inconstitucionales».
El denominado proyecto de ley de «bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei, quien asumió la Presidencia el pasado 10 de diciembre.
La iniciativa implica la delegación de funciones legislativas al Ejecutivo en virtud de la declaración de «emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social».
La Constitución Nacional de Argentina prohíbe en su artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, «salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca».
Tras conocerse el contenido del proyecto enviado este miércoles al Congreso, los parlamentarios de Unión por la Patria mantuvieron una reunión presencial y virtual con los gobernadores peronistas de diversas provincias del país para analizar la situación.
En su comunicado, resaltaron la importancia de su «fuerza legislativa» y aseguraron que aunarán «criterios para la tarea parlamentaria en defensa de la nación, las provincias y los municipios».
El derrotero del proyecto de ley en el Parlamento es incierto: la formación de ultraderecha de Milei, La Libertad Avanza, cuenta con una mínima representación legislativa, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio, con fuerte peso en ambas cámaras del Congreso.
Por su parte, la principal coalición opositora, Unión por la Patria, es la primera minoría en el Senado (33 sillas sobre un total de 72) y posee 102 de las 257 bancas en la Cámara de Diputados.
Buenos Aires, 27 dic (EFE).- El proyecto de ley de emergencia que el Gobierno de Javier Milei envió este miércoles al Congreso de la Nación afectará a casi todos los ámbitos de la economía, la política y la sociedad de Argentina, y permitirá que se deleguen facultades legislativas en el poder ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple.
La llamada ley de «bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos» llega una semana después del polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU) que sancionó el presidente ultraliberal y que entrará en vigor este viernes.
De aprobar el proyecto, los legisladores del Congreso permitirán que el Ejecutivo declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta, al menos, el 31 de diciembre de 2025. La emergencia podrá prorrogarse por dos años, lo cual abarca todo el mandato de Milei.
En total, el Gobierno propone una ley que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales.
Reforma del sistema electoral
Milei pretende sustituir el actual sistema de elección de diputados, que se reparten proporcionalmente mediante el sistema D’Hont, por un sistema de circunscripciones o distritos uninominales como el que funciona en Estados Unidos o Reino Unido.
Además, el proyecto contempla la eliminación de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y la implementación de la boleta electoral única.
Reformas del Código Penal
El proyecto también propone una reforma del Código Penal para elevar las penas a quienes «sin crear una situación de peligro común impidieren estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas», que podrán ser sancionados con entre uno y tres años y medio de cárcel.
Quienes convoquen a más de tres personas y organicen una «reunión o manifestación» de este tipo podrán ser condenados a entre tres y seis años de prisión.
También se impondrán sanciones más severas a quienes agredan físicamente a los agentes.
Privatización de empresas públicas
Según el proyecto de ley, el Gobierno podrá privatizar hasta 41 empresas estatales con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica.
Entre las empresas públicas sujetas a esta privatización que figuran en un anexo al proyecto están: Aerolíneas Argentinas, el Banco de la Nación Argentina, la petrolera YPF, los ferrocarriles, la agencia de noticias Télam, la Casa de la Moneda o Nucleoeléctrica Argentina.
Ratificación del último DNU económico
El proyecto también blindará el decreto de necesidad y urgencia (DNU) para la práctica desregulación de la economía argentina, firmada el miércoles por Milei.
El decreto 70/2023 entrará en vigor este viernes y ya se enfrenta a varias denuncias en los tribunales y no tiene garantizado el apoyo de los legisladores de las cámaras.
Subida de las retenciones al campo
El texto del proyecto también establece que los productos agrícolas que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15 %, lo que se traduce en una subida de las retenciones aplicadas a la actividad agropecuaria.
Cambios en la legítima defensa
En materia de seguridad, el proyecto amplía los supuestos en los que se podrá aplicar la figura de la legítima defensa.
El proyecto defenderá que «el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo; en cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo».
Suspensión de la ley de movilidad jubilatoria
De salir adelante, la nueva norma también incluirá la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria aprobada en 2020 y permitirá al Ejecutivo establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones «teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustenabilidad económica».
Cambios en el sistema educativo
En lo relativo a la educación, el proyecto plantea la creación de un examen final para los alumnos que hayan concluido la educación secundaria.
Por su parte, las universidades públicas podrán cobrar a los estudiantes extranjeros no residentes que deseen estudiar en el país suramericano.
Desregulación de más sectores
Si el DNU de la semana pasada inició la desregulación de la economía argentina, con el nuevo y masivo proyecto de ley, el Gobierno de Milei pretende desregular otros mercados como el energético o el azucarero.
Operaciones militares extranjeras
El nuevo proyecto también autorizaría el ingreso de fuerzas militares extranjeras en Argentina.
El Ejecutivo podría «autorizar el ingreso al país de contingentes de personal y medios de las Fuerzas Armadas, pertenecientes a otros países para actividades de ejercitación, instrucción o protocolares de carácter combinado».
