El Congreso definirá sobre el mega DNU recién en marzo y los bloques colaborativos buscarán negociar con Milei
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El posible dictamen de la comisión bicameral solo se puede tratar desde el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias; eso le da tiempo a diputados y senadores para forzar a un diálogo institucional que, por ahora, el Gobierno no habilita
El futuro del megadecreto de necesidad y urgencia que dictó el presidente Javier Milei para desregular la economía no se resolverá de manera inminente en el Congreso sino recién en marzo próximo, con el inicio de las sesiones ordinarias. Los bloques opositores no kirchneristas no quieren apurar la marcha y aprovecharán ese lapso de dos meses para explorar vías alternativas al rechazo del DNU y, en lo posible, forzar al Gobierno a negociar una salida que impida una colisión de poderes.
El factor tiempo resulta clave en esta pulseada. A sabiendas de la resistencia que desató el DNU en la mayoría de las fuerzas parlamentarias –a excepción de Pro-, Milei excluyó esta cuestión del temario de proyectos que enviará al Congreso para su discusión en sesiones extraordinarias. Si bien esto no invalida que el debate del DNU arranque en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo –que tiene carácter permanente-, el dictamen correspondiente (si lo hubiese) recién podrá ser abordado por el plenario de ambas cámaras a partir del 1° de marzo, es decir, cuando comiencen las sesiones ordinarias y los legisladores retomen el control del temario.
La dilación en los tiempos no solo favorecería a Milei -que le habrá ganado dos meses de vida al DNU- sino sobre todo a los bloques opositores que hoy se hallan en una encrucijada entre su ánimo de colaborar con el Gobierno y la tensión que les genera que un presidente les imponga por decreto un nuevo paradigma económico –a partir de la derogación y modificación de más de 300 normas- sin abrirle el juego al Congreso.
El problema, repiten, son las formas, no tanto el contenido del decreto, con el que coinciden en buena parte. Este es un punto clave en el que no coinciden con el kirchnerismo, del que procuran despegarse. El presidente Milei no ayuda demasiado a sus potenciales aliados a resolver ese dilema. Lejos de mostrarse conciliador, aseveró que no modificará una coma del decreto y menos aún cederá a sus sugerencias de replicarlo en distintos proyectos de ley.
De nada valieron los consejos de quienes, como Miguel Pichetto y Emilio Monzó -de larga experiencia parlamentaria-, instan a que el jefe de Estado revea su decisión: en una reunión a solas con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, citaron el antecedente de Mauricio Macri cuando en 2018 dictó su voluminoso decreto de desburocratización del Estado; ante la resistencia del Congreso, Macri lo replicó en tres proyectos de ley espejo. Ambas cámaras los aprobaron en tiempo récord por amplia mayoría.
“No se puede comparar la fortaleza jurídica de un DNU -que puede ser eliminado de un plumazo por otro decreto- con la de una ley aprobada con el voto mayoritario de la oposición, que neutraliza la judicialización y garantiza seguridad jurídica para los inversores”, alegan los legisladores más colaborativos.
El perfil disruptivo y dicotómico de Milei, sin embargo, no parece admitir estos grises. Envalentonado por el 55,6% del voto popular y una imagen todavía más alta en las encuestas, el libertario parece querer utilizar esta pulseada con el Congreso -al que le dio la espalda cuando dio su primer mensaje como presidente- para demostrar a la opinión pública quién ejerce el poder en la Argentina. No percibe que en ambas cámaras anida un amplio espectro de fuerzas políticas que, sea por convicción, pragmatismo o por resignación ante el auge libertario, están dispuestas a acompañar los primeros pasos del gobierno naciente.
Los radicales
Ante la intransigencia presidencial, los bloques opositores no kirchneristas no forzarán la marcha, procurarán ganar tiempo y evitarán ir al choque. Fue la premisa que predominó en la última reunión del bloque de diputados radicales. Esta bancada, con sus 34 diputados, se constituye en el fiel de la balanza entre el sector más afín al oficialismo –el Frente Pro- y la oposición más intransigente, Unión por la Patria y la izquierda. Buena parte de la bancada macrista aplaudió entusiasta el megadecreto libertario y, si fuera por ella, la aprobaría en un santiamén. En la otra vereda, el kirchnerismo no ve las horas de volterarlo.
En medio de la grieta, el radicalismo se ubica como el bloque con mayor volumen de diputados y senadores. En su seno, no obstante, las posiciones no son unívocas: el senador Martín Lousteau, presidente del partido, exhibe un perfil más crítico y, con él, una decena de legisladores es reacia a aprobar el DNU a menos que el presidente se avenga a desdoblarlo en distintos proyectos.
Esta intransigencia no es compartida por quienes se referencian en los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes). Uno de ellos es el jefe de la bancada de diputados, Rodrigo De Loredo. El cordobés, en nombre de la mayoría de su bloque, se muestra menos confrontativo y más abierto a crear las condiciones para que Milei acceda a negociar no solo la suerte del megadecreto, sino el paquete de leyes cuyo arribo al Congreso se prevé para la semana que comienza, en la apertura del período de sesiones extraordinarias.
Frente al dilema del DNU, los “negociadores” del radicalismo –al igual que Cambia Federal que comanda Pichetto- creen que la vía del rechazo liso y llano sería contraproducente. Los dejaría pegados al kirchnerismo, admiten. Las alternativas no son demasiadas y aún están en fase de exploración. Una de ellas es modificar la ley 26.122 que regula los decretos de necesidad y urgencia; inspirada por Cristina Kirchner, la norma impide que un decreto pueda ser aprobado o rechazado parcialmente. De eliminarse este bloqueo, los legisladores estarían habilitados a meter mano y seleccionar qué contenidos del decreto validar o invalidar.
Claro que, para avanzar en esta reforma, habrá que esperar al inicio de las sesiones ordinarias. Aquí el factor tiempo se convertiría en un aliado, ya que en el lapso hasta marzo quienes integren la Comisión Bicameral podrán desmenuzar los distintos aspectos del decreto; quienes tuvieron tiempo de escudriñar en sus artículos advirtieron que, detrás de su título rimbombante, se esconderían privilegios y prerrogativas a determinados sectores. No todo lo que reluce es oro, deslizan.
“No vamos a apurar la marcha: queremos analizar punto por punto con especialistas invitados a la Comisión Bicameral. Que la sociedad se informe. Veremos después qué posición tomamos”, repiten.
Nombres para la Bicameral
Pese a la estrategia tiempista de algunos bloques parlamentarios, ya comenzaron a trascender los nombres de los diputados y senadores que integrarán la Comisión Bicameral. Por el Senado, los libertarios dudan entre el puntano Bartolomé Abdala (presidente provisional) y el riojano Juan Pablo Pagotto, el radicalismo impulsa al chaqueño Víctor Zimmerman y el cordobés Luis Juez se sumará desde Pro, mientras que el salteño Juan Carlos Romero irá por el peronismo disidente y la mendocina Anabel Fernández Sagasti será la enviada kirchnerista. Por Diputados, en tanto, se integrarían al cuerpo Oscar Zago (La Libertad Avanza), Hernán Lombardi (Pro), Francisco Monti (UCR), Máximo Kirchner (Unión por la Patria) y Ramiro Gutiérrez (UP-Frente Renovador). La lista definitiva de los 16 integrantes se conocerá en la semana.
Para cuando llegue marzo iniciarán no solo las sesiones ordinarias en el Congreso; también será un mes que se augura difícil para el Gobierno. El peso de la devaluación, del aumento exorbitante de los precios en alimentos, servicios y tarifas como así también de los gastos escolares habrá empezado a sentir su rigor en los exhaustos bolsillos de la clase media y media baja. Así como Milei disfruta hoy de las mieles del respaldo de la opinión pública, el fin del receso veraniego podría marcar un cambio rotundo en el clima social.
Tal vez en estas condiciones Milei no tenga otro remedio que sentarse a negociar con los legisladores opositores. Otra vez el factor tiempo resulta gravitante. El Gobierno necesitará que el Congreso sancione de manera exprés su ambiciosa ley de reforma de las funciones del Estado, por la cual pretende alcanzar el déficit cero no solo por medio de una drástica reducción del gasto, sino también con suba de impuestos. Incluida la restitución del impuesto a las Ganancias, otro sablazo a la clase asalariada.
Las necesidades imperiosas de Milei se toparán con los tiempos que le marque el Congreso. Será la instancia en la que el presidente deberá definir si avanza a todo o nada agitando su bandera contra la casta o bien se aviene a negociar con aquellos legisladores que -por ahora- muestran espíritu de colaboración.
