Congreso aprueba modificación de ley que permite deforestación ilegal: estas son sus terribles consecuencias
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Organismos ambientales expresan su rechazo ante la ley, pues también pone en riesgo la vida de los pueblos indígenas y defensores ambientales. Mientras tanto, los ministerios del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego no se han pronunciado.
El Pleno del Congreso de la República aprobó modificaciones a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, con impacto directo en la Amazonía. Este jueves 14 de diciembre, con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 abstenciones, se dio luz verde a cambios que facilitarán la deforestación mediante ajustes en la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM). Organismos ambientales han expresado su rechazo ante esta norma que pone en peligro los bosques amazónicos, pues estaría legalizando la deforestación.
Las reformas permiten el cambio de uso de tierras sin requerir autorización de zonificación forestal, la cual era indispensable para definir las áreas aptas para actividades agropecuarias y proteger el patrimonio forestal. Este nuevo marco normativo atenta contra la conservación ambiental, y aumenta el riesgo de otorgar derechos sobre tierras con valor ecológico incalculable.
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Las principales causas de la deforestación según el Ideam son el acaparamiento ilegal de tierras, los cultivos ilegales y la extracción ilícita de yacimientos minerales.La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades nativas y diversas organizaciones regionales, expresó su rechazo contundente tras la reciente aprobación en el Congreso. Este cambio normativo representa un grave peligro para los pueblos indígenas y podría impulsar la deforestación a gran escala de la Amazonía peruana, señalaron en un comunicado a la opinión pública.
De esta manera, Aidesep denuncia que la mencionada ley fue aprobada “entre gallos y medianoche”, aprovechando el contexto de crisis política y social que vive el país. La maniobra del Congreso, según la asociación, responde a intereses específicos de grupos de poder y erosiona de manera significativa los derechos colectivos indígenas, así como la conservación del ecosistema amazónico. La organización manifiesta que esto podría favorecer actividades ilícitas como la tala de madera y la minería no regulada, agravando así la crisis climática.
La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) alerta que estas medidas contravienen compromisos ambientales internacionales y ponen en peligro la gobernanza de los bosques en Perú. La SPDA sostiene que los cambios en la ley, aprobados el día de ayer, 14 de diciembre, eliminan la necesidad de estudios técnicos para clasificar las tierras forestales, permitiendo que áreas deforestadas entren al régimen agropecuario sin los debidos procesos de evaluación.
Esto, argumentan, significaría la legalización en favor de quienes han llevado a cabo la deforestación. Además, advierten sobre la vulneración de la Ley 31145, la cual prohíbe otorgar títulos de propiedad en tierras de aptitud forestal o de protección. Instituciones como Serfor, Ministerio de Ambiente y la Defensoría del Pueblo han expresado su preocupación e instan a archivar los polémicos proyectos de ley.
Denuncian violación a la consulta previa de las comunidades
Los líderes de Aidesep condenan la violación del derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas en la aprobación legislativa y responsabilizan directamente al Congreso por las consecuencias que este cambio normativo pueda traer, incluyendo el incremento de actividades extractivas y las amenazas contra los defensores ambientales.
Organizaciones indígenas como Orpio y Servindi también han rechazado las modificaciones por considerar que infringen el derecho a la consulta previa estipulado en convenios internacionales. La legislación aprobada pone en riesgo la posición de Perú respecto a tratados como el Convenio de París y acuerdos de comercio, como el firmado con Estados Unidos. Destacan que regulaciones como la del Reglamento de la Unión Europea sobre cero deforestación no se podrían cumplir, afectando a cientos de miles de agricultores cuya producción ahora carecería de la necesaria legalidad ambiental.
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Federaciones indígenas denuncian que el Estado vulnera su derecho de la consulta previa. (Composición Infobae)Hacen un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo y al poder Ejecutivo para que se tomen medidas legales contra esta modificación de la ley. En un tono firme, la asociación declara que no permitirán la entrada a sus territorios de entidades que, amparadas por esta ley, busquen destruir los bosques, esenciales para la vida de las comunidades indígenas y el futuro de las próximas generaciones.
